Mientras tanto, los hechos ciertos no dependen de opiniones (parcializadas o no), pues se manifiestan en las vivencias cotidianas de las mayorías y se materializan en inmensas, desgastantes, extenuantes e indignantes colas para adquirir alimentos o medicinas, con cada vez menor variedad (escasez), peor calidad y mayor precio, y sin certeza de alcanzarlos en la cantidad necesitada o en absoluto; en recurrentes aumentos salariales llenos de discursos populistas irresponsables que se traducen en espiral en alzas incontroladas de precios y en las cifras de inflación país mas altas del hemisferio; en hacinamiento e insuficiencia hospitalaria; en fallecimientos de cifra alarmante sobre todo de niños y niñas, personas enfermas y ancianas, por desnutrición, malnutrición e inaccesibilidad a medicinas y tratamientos; y, para no extendernos, en semejante nivel de inseguridad, que la tasa de homicidios supera la de países en guerra.

Fuera de discursos, lo que el derecho a la información exige es que se explique lo que es una crisis humanitaria, y en internet encontramos: «situación de emergencia que amenaza la salud, la seguridad o el bienestar de … un país … causa de un acontecimiento político (guerra, conflicto armado, etc.), una catástrofe ambiental (terremotos, tsunamis, etc.)»¹. Igualmente, «crisis alimentaria² se define … falta de comida o alimentos para satisfacer las necesidades de las personas». Y «Una crisis sanitaria³ es una amenaza para el estado de salud de una población».

Son los hechos los que nos deben hacer aceptar, para poder afrontar: una crisis humanitaria. El gobierno tiene la responsabilidad de abandonar su discurso populista e ideologizado, a objeto de atender las necesidades mínimas vitales de la gente, en atención a su obligación constitucional de asegurar el goce efectivo sin discriminación de todos los derechos humanos.

Ha llegado la hora de que se deje a los expertos internacionales de los organismos de los que formamos parte, ingresar al país y hacer sus estudios y propuestas, en lugar de que tengan que obrar a la distancia y mediando entrevistas vía internet, en virtud de que el gobierno no les permite cumplir sus tareas. Así y todo, es menester referir al respecto un reporte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos (ACNUDH)⁴ : «Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos, millones de venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica.

Según estadísticas oficiales, en 2016 la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30% y los casos de malaria un 76 %. Según datos no oficiales recabados por universidades y organizaciones de la sociedad civil venezolanas, la mayoría de los venezolanos han modificado sus hábitos de alimentación, incluyendo muchas personas que comen una vez al día. Los casos de desnutrición aguda global de niños menores de 5 años aumentaron del 8,9 % en el último trimestre de 2016 al 10,2 % en los dos primeros meses de 2017, un dato que sitúa a Venezuela por encima del límite de lo que, a criterio de la Organización Mundial de la Salud, constituye una crisis, según lo señaló Cáritas Venezuela»⁵; y, el Informe sobre Pobreza y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)⁶, que además ha generado un proceso sin precedentes de fuerte emigración (que empieza a motivar que se analice si se trata de un caso de refugiados: “La crisis humanitaria que viene enfrentando Venezuela como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos también ha conllevado que muchos venezolanos hayan tenido que migrar a otros países de la región”.

Frente a estas fundadas y serias denuncias, lastimosa y criminalmente el gobierno ha ripostado que se trata de manejos internacionales contrarios a la soberanía del pueblo (para variar).

Los índices objetivos indicadores de la existencia de una crisis humanitaria, en un país, a que se contraen en términos generales los estudios, por ejemplo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)⁷, del Fondo Mundial para la Infancia (UNICEF)⁸, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)⁹, el Sistema Mundial de Información y Alerta de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)¹⁰, etc., no admiten interpretaciones parcializadas. Los parámetros sea de normalidad o de crisis están presentes o no están, y ello es objetivamente medible.

Y resulta que esas instituciones ven con preocupación la situación venezolana en cuanto al desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Lo distinto es que ello no se debe a las causas citadas en las definiciones, sino a la corrupción generalizada y a la ineficacia o indolencia gubernamental. La situación es delicada y su razón de ser, según el gobierno, estriba en una pretendida “guerra económica”.

El punto es que, si hay opiniones distintas sobre las causas, hay acuerdo acerca de que algo pasa, y debe ser afrontado. Hay crisis y la ayuda humanitaria está siendo ofrecida por otros países e instituciones.

Las últimas declaraciones de las Naciones Unidas han establecido que el principio de cooperación internacional, por razones de solidaridad, exige que los gobiernos ofrezcan y acepten la ayuda humanitaria, pero ojo, con coadministración y/o supervisión de parte de entidades no gubernamentales realmente independientes, precisamente para evitar los desvíos de la corrupción. Particularmente la reducción de la pobreza y del hambre es una de las metas centrales de los objetivos del milenio¹¹, en cumplimiento de la Declaración del Milenio¹².

Por tanto, al igual que la Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017¹³, mediante la cual los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, expresaron su preocupación por la crisis humanitaria y la negativa del gobierno venezolano a aceptar asistencia humanitaria internacional, no es un supuesto de injerencismo¹⁴, tampoco lo es la reciente aprobación de ayuda humanitaria para Venezuela, por la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América¹⁵, y tantas otras que han sido grosera e inhumanamente rechazadas por el gobierno.

Aceptar la ayuda humanitaria no afecta la soberanía del país, pero si garantiza la autodeterminación del pueblo. Solo un pueblo sano y nutrido puede realmente ejercer sus derechos humanos.

La ayuda humanitaria, dentro de las posibilidades económicas del país u organización donante, es una obligación internacional.

La entrada Crisis humanitaria en Venezuela, algo objetivamente medible se publicó primero en Alberto Blanco-Uribe.