Tales cifras revelan, por ejemplo:

1.- Venezuela es uno los tres países de América Latina sin tasas positivas de crecimiento en 2017. Los demás países crecerán en promedio 1,1 %.

2.- El Producto Interno Bruto (PIB) venezolano sufrirá una nueva contracción del 7,2%.

3.- En 2016 el PIB se contrajo 9,4 %, entre otras razones por los bajos precios de petróleo, la reducción de producción de crudo de 58.000 barriles diarios entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, la reducción de jornadas laborales por los cortes del servicio eléctrico y el anuncio del retiro del cono monetario del billete de 100 bolívares en diciembre.

4.- La deuda externa asumida por el Gobierno se incrementó en 10% con respecto al saldo de finales de 2015, lo que equivale a 4.229 millones de dólares. En el primer trimestre de 2017, el endeudamiento externo fue casi nulo (0,14%).

5.- La deuda interna evaluada en dólares se contrajo un 21% en 2016, por la devaluación del bolívar, y cayó en 2% en el primer trimestre de 2017.

6.- Las reservas internacionales disminuyeron un 32,8% en 2016, tras una caída del 25,9% en 2015. En el primer semestre de 2017 alcanzaron el valor más bajo en los últimos 21 años de 10.004 millones de dólares. “La inversión extranjera y el endeudamiento externo (bonos o préstamos) son insuficientes para cubrir las obligaciones de deuda y las importaciones”, indica el informe más reciente de la Cepal.

7.- En 2016 las exportaciones se contrajeron en un 27% y las importaciones disminuyeron un 48%.

8.- En 2016 el Gobierno informó al Fondo Monetario Internacional (FMI) una inflación del 254,9%. “En 2017 las presiones inflacionarias se mantienen y se estima que el porcentaje de inflación continuará siendo de tres dígitos”. Habrá una nueva aceleración de la inflación.

Como puede fácilmente observarse, estas cifras son realmente graves e invitan a cuestionarse acerca de las razones  y a exigir de las autoridades la debida rendición de cuentas y responsabilidad.

Lo que se desea poner de relieve en esta ocasión, cosa que también es muy irregular, es que no nos hemos enterado de la verdadera situación económica del país, pues hay un cerco en las informaciones provenientes de las autoridades, lo que ha limitado el acceso libre a reportes de las dependencias encargadas de los temas económicos.

Hemos podido conocer la crítica situación en Venezuela, gracias a un estudio económico realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado en Santiago de Chile el 3 de agosto de 2017. 

Y para el resumen de las cifras de mayor relevancia nos hemos servido de  un artículo en runrun.es 

Ahora bien, esta desinformación y desconocimiento en los que vivimos en Venezuela es lo propio de países sujetos a regímenes tiránicos o despóticos, altamente populistas y demagogos, autoritarios y mandamases que solo se sostienen en el poder por el empleo inescrupuloso de la represión del pueblo.

No es pues la Venezuela de hoy una democracia, un Estado de Derecho, una república basada en el principio de libertad. Esta vez detengámonos solamente en el derecho a la información.

Veamos:

El derecho a la información es uno de los derechos humanos de mayor relevancia en nuestro ordenamiento constitucional, pues se encuentra incluido en la lista de derechos y garantías que no pueden ser restringidos ni siquiera con ocasión del dictado de un estado de excepción, como lo prevé el artículo 337.

De igual manera, se encuentra previsto en el artículo 28: «Toda persona tiene derecho de acceder a la información» y en el artículo 143: «Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos», sin perjuicio de la garantía contenida en el artículo 141, según la cual, «La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de … transparencia, rendición de cuentas…».

Con este marco general, del cual no escapa la administración económica del Estado, por lo que se encuentra de facto en flagrante violación de este derecho humano, en interdependencia con otros muchos ligados a la calidad de vida de los venezolanos, nos tropezamos con lo que al efecto dispone la Ley del Banco Central de Venezuela, en su artículo 31:

«La gestión del Banco Central de Venezuela se guía por el principio de transparencia. En tal sentido, …, debe mantener informado, de manera oportuna y confiable… a la población acerca de la ejecución de sus políticas, las decisiones y acuerdos de su Directorio, los informes, publicaciones, investigaciones, así como de las estadísticas pertinentes de acuerdo con prácticas aceptadas por la banca central, aue perñitan disponer de la mejor información sobre la evolución de la economía venezolana… es deber… publicar las actas de dichas reuniones a través de los medios que mejor estime apropiados, incluyendo el uso de los servicios informáticos mas avanzados…».

Nada de esto se respeta, como tampoco lo hacen las autoridades ministeriales que actúan en el campo de la economía, ni la Jefatura del Gobierno. Ya hemos olvidado la última publicación de un informe serio (o mediocre) al respecto.

La administración del Estado es oscura, secreta, no rinde cuentas, no es responsable, pero sí es altamente ineficiente, pues el penar diario lo muestra crudamente, mientras el discurso politiquero populista oficial canta que nunca habíamos estado mejor.

La entrada CEPAL y derecho a la información económica en Venezuela: se publicó primero en Alberto Blanco-Uribe.