I. Concepto, características, alcances y/o contenidos mínimos:

El derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado o, simplemente, el derecho al ambiente, es un derecho humano de solidaridad al que se refieren un significativo número de textos internacionales, obligatorios o meramente principistas, consistentes en convenciones regionales de derechos humanos, declaraciones de conferencias y organizaciones internacionales gubernamentales o no, y preámbulos de tratados en el campo del Derecho Internacional Ambiental.

Asimismo, casi todas las constituciones de los Estados del Mundo, promulgadas o reformadas luego del año de 1972 (motivadas por la Declaración de Estocolmo de Naciones Unidas¹), consagran expresamente en su parte dogmática el derecho al ambiente. Tal es el caso, por ejemplo, de la Constitución venezolana de 1999, en cuyo artículo 127 se lee:

“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.

Ahora bien, en cuanto al concepto, el derecho al ambiente ha sido definido como el derecho individual y colectivo al mantenimiento balanceado, en condiciones de sustentabilidad, de los bienes ambientales (agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje, ecosistemas naturales, hábitats humanos), para el disfrute físico y espiritual de cada vez mejores condiciones de vida.

En este sentido, partiendo de la imperiosa necesidad humana de asegurar la sobrevivencia y subsiguiente vivencia propia y la de la descendencia, en condiciones de calidad, dignidad, libertad, igualdad y solidaridad, debemos hablar, no ya del derecho al ambiente simple y llanamente, sino del derecho a la conservación ambiental, en el lenguaje del Profesor francés Alexandre Kiss².

La conservación no es únicamente un objetivo. Es fundamentalmente un mecanismo, o mejor, un conglomerado de técnicas y procedimientos que conducen a la meta de la utilización racional o sostenible de los bienes ambientales en función del desarrollo social de las presentes y de las futuras generaciones, en términos de equidad inter e intrageneracional.

Por tanto, podemos afirmar que el derecho a la conservación ambiental es un derecho procedural a la protección del ambiente en provecho de todos que, como otros, se ejerce por medio de procedimientos legales especialmente creados para concretar su disfrute efectivo. Estos mecanismos de ley no son exclusivos de este derecho. Además, ellos encuentran justificación en la necesidad de una verdadera democracia, vale decir de una democracia directa o participariva, dado que el pueblo (vale decir, la sociedad diversa), como una reacción a la crisis de los sistemas representativos y “paternalistas”, clama por información y participación en la toma de decisiones.

Dado el carácter procedural del derecho humano al ambiente tenemos que el contenido esencial concreto de este derecho está integrado por tres tipos de procedimientos, que revisten a su vez la condición privilegiada de ser derechos humanos.

Se trata del derecho a la información, del derecho a la participación en la toma de decisiones susceptibles de afectar el entorno del titular y del derecho a la tutela judicial efectiva ambiental.

A. El derecho a la información, del cual la libertad de acceso a los documentos administrativos es una especie, está previsto expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos³ (artículo 19.2), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁴ (artículo 13.1), y en la Convención sobre Derechos del Niño⁵ de 1990 (artículo 17), y concretamente en el campo de la protección ambiental, exige que todos los interesados o posibles afectados por una proyectada o instalada actividad industrial, urbanística, forestal, minera, agropecuaria…o por la incorporación de un nuevo producto en el mercado, etc., deben ser previa, oportuna y suficientemente informados sobre las eventuales consecuencias que puedan generarse sobre su entorno, así como sobre las características físicas de la actividad, producto, etc., y sobre las medidas a tomar o ya implementadas para eliminar o reducir al mínimo las consecuencias dañosas.

Para ello se crean procedimientos de encuestas públicas; se publicitan las solicitudes de permisos de construcción, industriales, sanitarios, de manejo de los recursos naturales o de otra índole, a través del afichaje in situ, de los medios de comunicación y/o se llevan expedientes y registros, accesibles a todos, en las oficinas administrativas; se dan a conocer los Estudios de Impacto Ambiental; etc.

B. El derecho a la participación en la toma de decisiones susceptibles de afectar el entorno, reconocido en diversas declaraciones y convenciones internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25.a), y en constituciones y leyes internas, implica:

1) En lo relativo a la actividad legislativa, la implementación de referenda, plebiscitos, “lobby” o cabildeo y mecanismos de iniciativa popular;

2) En lo referente a la actividad administrativa autorizatoria o de vigilancia o guardería, debe garantizarse la intervención y la consideración de los alegatos de los terceros-interesados (previamente informados a cabalidad de todos los detalles del caso), en la fase constitutiva o preparatoria del acto administrativo y/o en la fase de revisión de su legalidad, hayan sido iniciados estos procedimientos por el solicitante del permiso, de oficio o por ellos; y,

3) En cuanto a la actividad judicial, debe permitirse la intervención de los terceros-interesados, como parte, en todo juicio del que pueden sobrevenir consecuencias para su entorno.

C. Por último, el derecho a la tutela judicial efectiva –en lo ambiental– (con acceso a la justicia y debido proceso), reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (articulo 2.3), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 25.1), y en casi todas las constituciones, exige que toda persona afectada por una decisión o actuación directamente perjudicial para el ambiente, o que se le haya lesionado sus derechos a la información y/o a la participación, pueda acceder a la justicia a fin de obtener, según los casos, la anulación de una ley, de una sentencia o de un acto administrativo, la prevención y la reparación o indemnización de daños ambientales, la represión del depredador, la recuperación ambiental y el restablecimiento de su situación jurídica lesionada, sea ésta individual o colectiva.

La acción de amparo, nacional o internacional, constituye uno de los procedimientos del derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros, del derecho al ambiente.

He aquí la definición del derecho en estudio como el derecho a la conservación ambiental y el contenido procedural que asegura su disfrute.

II. Definir las obligaciones específicas del Estado, con respecto a:

A. Respetar: El Estado no debe interferir, perturbar u obstaculizar los diversos mecanismos tendentes a que las personas puedan acceder a la información ambiental, actuar mediando las diversas vías de participación, incluso para la definición y ejecución de las políticas ambientales, e incluso incoar acciones ante los órganos jurisdiccionales, pretendiendo legítimamente y con posibilidades reales materializar la justicia ambiental.

B. Proteger: El Estado debe prever y facilitar procedimientos administrativos y procesos judiciales efectivos, que permitan que la gente común pueda defender adecuadamente sus intereses individuales y colectivos en materia ambiental, trátese el depredador ambiental de particulares, empresas nacionales, consorcios transnacionales o hasta entidades centrales o descentralizadas del mismo Estado.

C. Cumplir: El Estado debe definir la planificación ambiental, como la ordenación territorial, y concebir e implementar políticas ambientales que aseguren condiciones adecuadas de vida, parámetros realistas y dignos de calidad ambiental, normas técnicas en permanente revisión, y actividades de guardería ambiental, todo dentro del concepto democrático de corresponsabilidad ambiental.

Es menester indicar que estos propósitos iniciados con la mencionada Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, han sido ratificados y enriquecidos en un sin número de instrumentos internacionales de trascendencia universal, dentro los cuales citamos la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo⁶ de 1992, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible⁷ de 2002, los Objetivos de Desarrollo del Milenio⁸, el Protocolo de San Salvador Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos⁹ de 1998, el Convenio de Aarhus sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente¹⁰ de 1998, la Declaración Mundial delaUnión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)acerca del Estado de Derecho en Materia Ambiental¹¹ de 2017, el Acuerdo Regional de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe¹² de 2018, y tantos otros en los que estimo conveniente citar el Proyecto de Naciones Unidas de Pacto Mundial o Global para el Medio Ambiente¹³ y la Declaración Universal de los Derechos de la Humanidad¹⁴.

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En materia ambiental resulta preciso evitar que se produzcan daños y perjuicios a los ecosistema, al ambiente en general y a los bienes ambientales como la atmósfera, el suelo, las aguas, la fauna, la flora, etc., pues si bien el derecho ambiental prevé la reparación de tales daños y perjuicios, ello no siempre es posible técnica ni financieramente¹. En efecto, el derecho ambiental posee una naturaleza esencialmente preventiva.

Así, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo², documento trascendente que contiene los principios rectores del derecho ambiental internacional e interno a cada Estado, nos habla entre otros aspectos del derecho humano al ambiente, del derecho a la información y a la participación ciudadana, de la evaluación de impacto ambiental, del derecho al desarrollo sostenible, y también de la reparación del daño ambiental³, y más importante aún, de lo que es el pilar fundamental del derecho ambiental y garantía del derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es el principio “in dubio pro natura”⁴ (en caso de duda se debe decidir a favor de la naturaleza), combinación del principio de prevención y del principio precautorio.

En función de esto, en cuanto concierne a las obligaciones internacionales de los Estados, derivadas de una serie de tratados y convenciones internacionales, y también por mandato de las legislaciones internas de cada país, la variable ambiental, mediando el indefectible estudio de impacto ambiental, habrá de prevalecer sobre toda otra consideración a la hora de la toma de decisiones (prevención); y, la falta de certeza científica acerca de los posibles efectos adversos al ambiente, no podrá alegarse como razón suficiente para no adoptar medidas preventivas (precaución).

II. La normativa jurídica venezolana como caso de muestra:

El hecho de que la Constitución de 1999 en su artículo 127 consagre el derecho de las generaciones futuras, como de la presente, a la protección del ambiente, de suyo le imprime ese carácter preventivo al indispensable actuar de la generación actual. Y si con ello observamos que el mismo dispositivo reconoce el derecho humano individual y colectivo a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, es obvio que la contrapartida está en el deber del Estado de proteger el ambiente, evitando o minimizando⁵ los posibles daños ambientales.

Así, dentro de este orden de ideas, luego de que el artículo 129 exija obligatoriamente la información, consulta y participación ciudadana en la gestión del ambiente y la ordenación del territorio, el artículo 130 consagra la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental y socio cultural, para todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas, de modo que no se puede autorizar la realización de tales actividades sin haber previamente analizado todo lo ligado a la variable ambiental.

Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente de 2006, en su artículo 4, establece dentro de los principios para la gestión del ambiente: la prevención: “Medida que prevalecerá sobre cualquier otro criterio en la gestión del ambiente”, y la precaución: “La falta de certeza científica no podrá alegarse como razón suficiente para no adoptar medidas preventivas y eficaces en las actividades que pudiesen impactar negativamente el ambiente”.

III. La realidad acerca de la prevención y precaución ambiental en Venezuela:

Fuera de las previsiones constitucionales, legales y reglamentarias que existen formalmente vigentes en Venezuela, es lo cierto que no tienen en la realidad ninguna incidencia práctica, siendo de total ineficacia normativa.

La razón de esto estriba en que en el país existe un régimen autoritario completamente divorciado del Estado de de Derecho, y sin Poder Judicial independiente, siendo además el gobierno el ejecutor directo, o a través de empresas públicas o de concesionarias extranjeras (rusas y chinas sobre todo), de las actividades económicas de mayor impacto ambiental, sobre todo en cuanto respecta a la explotación de hidrocarburos y a la minería.

Quizás hoy en día el ejemplo de mayor envergadura venga dado por el ecocidio que está devastando grandes zonas de la Orinoquía Amazonía venezolana, por la ejecución sin verdaderos e independientes estudios de impacto ambiental ni consulta con las comunidades indígenas presentes, de la minería a gran escala en el denominado Arco Minero del Orinoco⁶.

IV. Una mirada al mundo para ver el respeto de la prevención-precaución:

Ilustremos el acatamiento de estos principios con un caso ocurrido en Chile (Isla de Chiloé en el Seno de Reloncaví, Océano Pacífico), con ocasión del vertido al mar el 11 de marzo de 2016, con autorización de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y el aval del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, pero sin intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio del Medio Ambiente, de 9.000 toneladas de salmones en descomposición.

Frente a ello un grupo de pescadores ejerció una acción constitucional de protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, reconocido por la Constitución chilena, acción judicial que fue admitida por la Corte Suprema en vista de la violación de la normativa jurídica ambiental y sanitaria, acordando en su sentencia del 22 de mayo de 2018⁷, además de de la anulación de las autorizaciones administrativas, las medidas preventivas y correctivas a ser ejecutadas en dos meses, a fin de evitar riesgos de daños ambientales y para la salud. Se aprecia pues que las administraciones públicas desatendieron su obligación de prevenir y precaver los daños ambientales, pero la existencia de un Poder Judicial independiente remedió la situación restableciendo el Estado de Derecho.

En este caso se pudo apreciar del expediente administrativo que no hubo antecedente alguno demostrativo de que se haya analizado si el medio marino directamente afectado tenía o no suficiente capacidad de carga o capacidad autodepuradora para absorber tamaño vertido, sin daños.

Igualmente, se determinó que a pesar de que se tenía conocimiento acerca del aumento de temperatura del agua en los centros de cultivo de los salmones, susceptible de favorecer el desarrollo de la microalga de tipo Chatonella (marea roja) que consumiría el oxígeno y provocaría la asfixia de los peces, ninguna medida preventiva se tomó.

En el mismo orden de ideas, se detectó que no había certeza sobre la presencia o no en esa biomasa, de químicos nocivos a la salud y al ambiente.

Con todo esto resultó obvia la violación del Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias⁸, al ignorarse el principio de precaución.

V. Conclusión:

Sólo una democracia con su Estado de Derecho y el correcto funcionamiento de sus instituciones en un medio de separación de poderes, puede ser garantía de gobernabilidad ambiental y del respeto pleno del derecho humano a un ambiente sano.

Sin democracia no puede haber prevención y precaución para la protección del ambiente.

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