En diversos medios de comunicación social, tales como el diario El Universal, en su edición del 13 de noviembre de 2012 (pág. 1-5), el diario El Nacional, en su edición del 15 de noviembre de 2012 (pág. 4), y el semanario Quinto Día, en su edición del 16 al 23 de noviembre de 2012, sin olvidar los distintos reportes transmitidos por radio y televisión, se dio a conocer el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), para el período 2013-2016, por votación efectuada en el seno de la Asamblea General del Organismo. Se reportó que Venezuela obtuvo 154 votos del total de 194, ingresando junto a países tales como Brasil, Argentina, Alemania, Estados Unidos de América, Emiratos Árabes, Kenia, Irlanda y Pakistán.
Lo que llama particularmente la atención, en relación a esta noticia, es que los voceros gubernamentales pretenden hacer ver que esta elección constituiría un “reconocimiento a sus logros en esta materia, específicamente en la política social, y a la importancia que da el gobierno bolivariano a los derechos humanos”, tildándola de “victoria sin precedentes”. Sin embargo, si efectivamente tal elección significara un tal reconocimiento o, en definitiva, un premio al comprobado respeto de los derechos humanos por parte de un país, habría que aceptar que también se galardona por los mismos motivos a Kenia y a Pakistán, y sobre todo, a pesar del verbo anti imperialista de los voceros gubernamentales, a los Estados Unidos de América. En otras palabras, o se trata de un premio o del tal reconocimiento a quienes respetan los derechos humanos, o se asiste a motivos diversos que explicarían semejante elección.
Ahora bien, es lo cierto que esos otros motivos diversos no se harán jamás del conocimiento público por parte del venezolano medio, por cuanto los mismos suelen ser tratados dentro de un máximo de secreto en el contexto de lo que son las relaciones internacionales en general, y diplomáticas en particular, que deciden y desarrollan las altas autoridades gubernamentales, con fundamento en diferentes aspectos políticos y económicos, sin que trascienda ello, con clara vulneración del derecho a la información que a todos los venezolanos, sin discriminación alguna, garantiza la Constitución de la República.
Claramente podemos afirmar que no se trata de tipo alguno de reconocimiento a la labor del país en materia de derechos humanos, sino de alguna clase de negociación de orden diplomático, a juzgar de hechos tales como los siguientes:
- La preocupación manifestada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con ocasión de la reciente denuncia hecha por el Gobierno Venezolano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- La insistencia formulada por instituciones tales como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en el sentido de instar al gobierno a autorizar las visitas al país de los relatores de la Organización de Naciones Unidas (O.N.U.) en materia de Derechos Humanos, quienes no han podido cumplir sus cometidos dada la negativa de las autoridades a su ingreso al país.
- El retardo en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Venezolano durante el Examen Periódico Universal (EPU).
- La mora del Estado Venezolano en ratificar el Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- La preocupación exteriorizada por diversos voceros de la comunidad internacional, y particularmente de las Naciones Unidas, en cuanto a la sistemática violación de los derechos humanos de la Dra. María Lourdes Afiuni.
Así, frente a esta situación de clara alarma por parte de la comunidad internacional, en cuanto a lo que significa el verdadero y satisfactorio cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Venezolano, en cuanto a la consagración, garantía, respeto y aseguramiento del goce efectivo de los derechos humanos en el país, y notoriamente en beneficio del venezolano medio, es evidente que, desde una perspectiva ética y seria, no podemos hablar con honestidad de un tal premio o reconocimiento, sino, a lo mucho, de una manera sofisticada, pero bastante común, de poner más en la palestra o colocar en posición más visible a un Estado que en la realidad no se caracteriza por ser un ejemplo mundial en al ámbito de los derechos humanos, pero que cuenta con inmensos recursos financieros derivados de la explotación petrolera y con una gran influencia geopolítica.